Hace varias décadas era normal que los municipios se quedaran incomunicados en temporadas invernales. Hoy, varias décadas después, es más normal que antes.
Después de muchos años, muchos derrumbes y muchos muertos, el país no se ha podido preparar para atender las inclemencias del invierno, y tal vez por esa razón, por estas calendas muchas vías municipales, departamentales e incluso algunas nacionales están cerradas o fuera de servicio.
La mayoría de los municipios de quinta y sexta categoría no tienen, presupuestalmente, cómo adquirir combos de maquinaria amarilla para atender las contingencias, y menos aún para hacer el mantenimiento rutinario de las vías. Por lo tanto, cada vez que llega el invierno, no tienen otra opción que pedir ayuda a los gobiernos departamentales, muchos de ellos también carentes de dicha maquinaria. Ante esto, la única salida suele ser la contratación urgente de volquetas, retroexcavadoras y bulldozers.
Un ejemplo claro es el departamento de Caldas. Hace menos de una semana, debido a las fuertes lluvias, 12 carreteras estuvieron cerradas y varios municipios incomunicados, porque no hay maquinaria suficiente para tanta necesidad.
Lo anterior sería intrascendente si no fuera porque el gobierno nacional es, en gran medida, responsable de lo que hoy ocurre en los municipios. Y no me refiero únicamente al actual gobierno, sino a los últimos diez gobiernos del país, que han sido ajenos a esta problemática y no han tomado la decisión firme de apoyar el mejoramiento de las vías municipales, ni tampoco las departamentales.
Pero lo más dramático de esta historia es que muchas soluciones están —o estarán— soportadas en la existencia de maquinaria amarilla en los municipios, la cual los alcaldes no adquieren por falta de presupuesto y la nación no entrega por falta de voluntad.
Cuando hablo de falta de voluntad, me refiero al hecho constante de observar la quema de maquinaria amarilla que es utilizada en actividades de minería ilegal, la cual la nación incauta y luego destruye mediante detonaciones y quemas, cuando esa misma maquinaria podría ser de gran ayuda y alivio en muchos municipios.
Mientras los alcaldes mantienen incomunicados sus municipios, la nación expide decretos para legalizar la quema de estos aparatos tan necesarios en las vías terciarias. Es así como, por ejemplo, mediante el Decreto 1035 de 2024 se faculta a las Fuerzas Militares para destruir maquinaria amarilla utilizada con fines ilícitos, lo cual es insensato. Eso significa renunciar a la posibilidad real de contar con máquinas para remover derrumbes, destapar vías, ampliar caminos, hacer mantenimiento de la malla vial. No sobra decir que desde 2012, en el Decreto 2235, y en 2015, en el Decreto 1070, artículo 2.5.7.1, se ordena la “Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley”. Es decir, hace más de 10 años se tiene contemplada esta medida, que es justamente lo que debe cambiarse.
Hace poco fue muy diciente observar en las noticias la quema de una maquinaria en el oriente de Caldas, lo cual fue previo a otra noticia que informaba que el municipio donde había sido incautada y quemada esa maquinaria estaba incomunicado por derrumbes en la vía. Ante esto, entendí que las autoridades habían quemado la solución.
No podemos seguir destruyendo las soluciones. Seguro que no. Pues mientras las cámaras ven el humo, los ciudadanos ven el derrumbe. Y así, sí resulta muy difícil.
La nación está en mora de establecer un programa para entregar a los alcaldes y gobernadores la maquinaria amarilla que se encuentre en buenas condiciones. Con ello, realmente no ganan los alcaldes: ganan los ciudadanos.
En enero de 2014, y en aplicación del Decreto 2235, se dinamitó la primera máquina amarilla en Colombia. Ocurrió en el Tolima. Con ello, ya ajustamos más de 10 años quemando o dinamitando la solución vial de los municipios del país. Tan cierto es que las máquinas quemadas nos habrían dejado con excelentes vías, que para hacer un breve análisis basta decir que solo en 2023 se quemaron o inutilizaron 587 máquinas amarillas. Es decir, de haberse entregado a los alcaldes, la mitad de los municipios de Colombia habría recibido, al menos, un cargador, una retroexcavadora o un bulldozer. Y en diez años de quemas constantes, cada uno tendría cuatro o cinco equipos: un verdadero combo de maquinaria por municipio.
Sería tanto como establecer un programa parecido al que se tiene con los bienes incautados al narcotráfico, que se han convertido en casas, fincas, lotes y demás bienes útiles para los procesos de reparación de víctimas o, cuando menos, para desarrollar programas en beneficio de adultos mayores, campesinos, desplazados, estudiantes y otros grupos poblacionales que han sido víctimas del narcotráfico, pero que con el tiempo se han convertido en beneficiarios de los recursos adquiridos por los criminales.Es preferible tener las máquinas amarillas botando tierra que echando humo. Vale la pena considerarlo.
