Según disposiciones del ministerio de salud, Colombia vacuna a su población por fases que empezaron hace cerca de tres meses, y según las cuales en la primera fase además de los mayores de 80 años, estaban los profesionales de la salud y de apoyo de la primera línea.
En la segunda fase se habla de la población entre 60 y 79 años, y el resto del personal de la salud.
En la tercera fase, los profesores y la población de 16 a 59 años con comorbilidades.
En la cuarta fase, los cuidadores institucionales y la población en ocupaciones y situaciones de riesgo. Ahora bien, que se entiende o debe entenderse por ¿ocupaciones y situaciones de riesgo?, pues resulta indudable que aquel operario que lava ventanas exteriores de un edificio está en situación de riesgo, lo mismo ocurre con los miembros de la policía, los bomberos, los vigilantes, incluso con los que corren en vehículos y motos.
De hecho, se tiene una definición según la cual se debe entender por alto riesgo, los “trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas y trabajos con sustancias químicas peligrosas”. Es decir que esa acepción es tan amplia que cabrían muchos que no tendrían derecho a la priorización.
Finalmente, en la quinta fase, aparece la población entre 16 y 59 años, sin comorbilidades.
Todo lo anterior para hacer varias reflexiones relacionadas con un sector que en mi juicio debió ser priorizado, pero raramente no lo fue, y resulta que es un grupo laboral directamente relacionado con la pandemia, por lo que asumo que el yerro de haberlos dejado por fuera, puede costarnos caro.
Según cifras oficiales en Colombia hubo cerca de 230.000 decesos en el año 2020. Así las cosas, tuvimos 630 muertos diarios, lo cual implicó 630 traslados de cadáveres diarios desde el hospital u hogar a la funeraria o cementerio, 630 arreglos de cadáveres diarios, 630 velorios diarios, 630 misas diarias, 630 entierros o cremaciones diarias. Casi en todos los actos con asistencia de público y en todos los actos con presencia de los trabajadores del sector funerario del país.
A lo anterior hay que sumar que entre el 2 de marzo de 2020 y el 11 de abril de 2021, el país ajustó 70.848 muertos por COVID. Es decir que tuvimos 70.848 cuerpos que deben ser tratados con protocolos especiales de bioseguridad por parte del personal funerario que los recibe en hospitales, que los transporta en carros fúnebres, que los maneja en los hornos crematorios.
Como entender entonces que un personal tan expuesto, no haya sido priorizado, cuando su trabajo es con aquellos que perdieron la batalla con el virus, mientras que el personal médico y asistencial de medicina legal, que también trabaja con cadáveres, fue priorizado por la misma razón que el sector funerario no lo fue, es decir que lo que se entiende riesgoso para unos, no tiene igual calificación para otros.
Es entendible que los médicos y personal de la salud hayan sido priorizados, pues su trabajo es con personas que los pueden enfermar; no obstante, los trabajadores del sector funerario trabajan con cuerpos que también los podrían enfermar, pues el virus no acaba con la muerte de la persona portadora, por lo menos así lo entiende la OMS, al punto que el manejo de estos cadáveres tiene protocolos especiales y además no se permite su inhumación, sino que se obliga su cremación.
Las cerca de 2100 empresas del sector funerario que existen en Colombia, generan aproximadamente 10.000 empleos directos, lo que implica que tienen expuestos a 10.000 ciudadanos que, haciendo su trabajo, pueden pasar de enterradores a enterrados, lo cual es inaceptable por un error del gobierno, en este caso ministerio de salud, que omitió esta priorización.
Estamos a tiempo de enmendar el error, estamos a tiempo de ajustar la primera línea.
