Muchas cosas han quedado claras en los últimos tres meses. Nos ha quedado claro que somos un país muy desigual, donde los ricos no son tan ricos, donde la clase media es pobre y donde los pobres son demasiado pobres.
El nuevo escenario económico es difícil, pero en el futuro será dramático, pues los comerciantes están cerrando locales, los empresarios se están declarando en quiebra, el sector servicios no puede estar peor, y los independientes pareciera que están abandonados a su suerte.
Varios estudios indican que hay una estrecha relación entre el delito y el desempleo, lo cual no es justificación para la comisión de conductas punibles, pero es una explicación soportada en análisis con rigor científico; tal es el caso de las investigaciones adelantadas en la universidad de CAMBRIDGE donde se encontró que el 67 % de los presos del Reino Unido carecían de empleo durante las 4 semanas previas a la comisión del delito.
Existe un círculo “vicioso” según el cual tenemos inseguridad por culpa del desempleo, pero también tenemos desempleo generado por la inseguridad. Me explico, una ciudad que no tiene empleo, no importa la causa, es proclive a un aumento significativo de los indicadores delictuales; a su vez, en una ciudad con alto número de delitos se afecta la economía porque los ciudadanos dejan de realizar ciertas tareas por temor a ser objeto de un delito. Por ejemplo dejan de salir en las noches, dejan de asistir a bares, dejan de concurrir a restaurantes, etc.
Según lo dicho, hay más delitos porque hay menos empleo, y cada vez hay menos empleo porque cada vez hay más delitos.
Según la OIT en los primeros 3 meses de COVID-19 el mundo tiene 195 millones de personas que pasaron de “empleados” a inactivos o cesantes. En Colombia 2 millones de empleados corrieron con igual suerte en los primeros 45 días de pandemia, lo cual es bastante preocupante, pero las cifras no son concluyentes, pues cada día se anuncia el cierre de más locales, empresas, industrias, lo cual podría terminar dando la razón al director de FEDESARROLLO, Luis Fernando Mejía, quien estima que se podrían perder hasta 2.5 millones de empleos, los que se sumarían a los que ya estaban descolocados antes de la pandemia para terminar entonces ante un panorama bastante gris.
La experiencia indica que posterior a la crisis generada por el COVID sobrevendrán inmensas dificultades económicas, las que si bien hoy tenemos, podrían ser aún mayores. Pues aunque todos esperamos la reactivación económica del país, no es menos cierto que muchos empresarios no podrán sobrevivir con sus empresas, o aun sobreviviendo, el ritmo no será el mismo, por muchas razones, falta de dinero, falta de empleo, distanciamiento social.
Esas dificultades económicas aparejan retos en materia de seguridad que las autoridades locales están llamadas a enfrentar, lo que naturalmente no es posible sin el concurso del gobierno nacional.
Así las cosas me parece que el país va a necesitar muchos recursos para reactivar la economía y mucho pie de fuerza para garantizar la seguridad y la tranquila y pacifica reactivación de esa economía. La pregunta ¿ de donde va a salir ese pie de fuerza ?.
Mi propuesta es que desde el ministerio de la defensa se haga una modificación al actual sistema de prestación del servicio militar por parte de los bachilleres y se ordene que este sea prestado en la Policía nacional, no en el ejército, lo que daría un numero altísimo de “policías bachilleres”, entregados al servicio en las calles, cuidando y protegiendo a las personas, haciendo actividades de servicio social, atendiendo los teléfonos de los CAI, haciendo trabajos en oficinas, y demás actividades que estos pueden desarrollar.
De esta manera los policías “profesionales” estarían dedicados a la vigilancia y actividades más especializadas.
Para el año 2.020 El personal uniformado de la policía de Colombia asciende a 7.356 oficiales, 109 suboficiales, 128.719 miembros del nivel ejecutivo, 360 agentes, 7.856 alumnos, para un total de 144.400 efectivos de carrera, más 19.060 auxiliares de policía. A su vez hay que decir que el año pasado (2019) se graduaron 143.000 bachilleres en Colombia, esto significa que podríamos casi duplicar el número de efectivos en la policía.
Esta propuesta tiene algunas condiciones:
a) Que el servicio militar obligatorio (ahora servicio policial obligatorio) sea para todos los bachilleres del país, que no sea únicamente para los más pobres, que tampoco sea exclusivamente para los que no tengan palanca, o solo para los de colegios públicos o de estratos 1,2 y 3. PARA TODOS es PARA TODOS.
b) Que los jóvenes presten su servicio policial obligatorio en los municipios de origen o excepcionalmente en municipios conexos.
c) Que los jóvenes vivan en sus casas.
d) Que la incorporación sea desde noviembre para que sean adiestrados durante 2 meses y puedan prestar el servicio en el año siguiente, con lo cual será un servicio policial obligatorio de 14 meses.
e) Que el ingreso a las universidades demande libreta de primera categoría.
f) Que dicho servicio sea prestado por todos los bachilleres del país sin consideraciones de género.
La pandemia necesita soluciones científicas y económicas, pero en el periodo de recuperación se necesita muchísima seguridad para garantizar la convivencia entre todos y para proteger el mayor número de empleos posible.
