En el año de 1991 Colombia promulgó la constitución política que entraría a reemplazar aquella que regía desde 1886, es decir que tenía más de 100 años de vigencia, la que sí bien tuvo varias reformas, conservaba su esencia.
Se confeccionó una constitución novedosa, moderna si se quiere, la cual recogía múltiples figuras jurídicas que venían aplicándose en diferentes latitudes, tales como la acción de tutela o acción de amparo, las acciones populares, los derechos fundamentales, la libertad religiosa, LA MOCION DE CENSURA, entre muchas otras consideraciones que formarían parte central de ese nuevo país, de esa nueva sociedad en construcción.
El numeral 9 del art. 135 de la naciente carta política, dejó establecido que, son facultades de cada cámara (senado y cámara de representantes) “Proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo…”. Dicho numeral fue modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2007, donde se amplía la posibilidad de citar a debate de moción de censura a directores de departamento administrativo y superintendentes, además flexibiliza el mecanismo y hace más viable su aplicación, aun así, en 30 años no ha prosperado ninguna.
La moción de censura es sin dudas una gabela para la oposición al gobierno, si se quiere un sistema de equilibrio entre el gobierno y los sectores políticos adversos al poder, buscando de esta manera que se puedan controlar los abusos, sancionar y castigar los yerros, en resumen, que se pueda ejercer un verdadero control político sobre el ejecutivo.
Hasta ahora, esta bondadosa figura presenta dos conclusiones bastante lamentables para el país, de un lado la falta de confianza ciudadana en la misma, pues al no haberse dado ninguna aprobación, pareciera una figura jurídica sin poder, sin posibilidades, sin sentido. De otro lado porque la misma no se ha manejado necesariamente con el propósito noble con el cual fue establecida (control de los abusos, castigo a los errores sobre los funcionarios del ejecutivo, control político), y más bien ha sido usada como un ejercicio político, o si se quiere politiquero de parte de los opositores a los gobiernos, asunto que fue advertido por la propia corte constitucional en sentencia C-757 de 2008, cuando dejó advertido que con la moción de censura se tenía “el riesgo de que el instrumento previsto para ello acentúe las posibilidades de bloqueo y de desestabilización implícitas en un sistema presidencial de gobierno”.
Justamente porque se ha usado mal, como venganza y no como control, es que los ministros citados y los secretarios de alcaldías y gobernaciones también citados, han salido airosos, pues debiéndose citar como responsables de actos de gobierno, son convocados en verdaderos ejercicios de revancha y vendetta, buscando bloquear y desestabilizar, más que controlar.
Desde su implementación, se han presentado cerca de 30 iniciativas de moción de censura a ministros, de las cuales se han votado 14, y si bien ninguna ha prosperado, 4 han derivado en renuncias de los ministros citados. Tal es el caso de Néstor Humberto Martínez en 2000, Fernando Londoño en 2003, Germán Cardona en 2012, y Guillermo Botero en 2019.
La última de las mociones, fue promovida contra el actual ministro de la defensa, fundamentalmente por senadores del POLO, FARC (PARTIDO DE LOS COMUNES), UNIÓN PATRIÓTICA UP (lista de la decencia), PARTIDO VERDE, MAIS, y tuvo como fundamento la presunta violación de los derechos humanos en el marco de las protestas sociales que se viven en Colombia.
La gran diferencia de esta moción contra Diego Molano, ministro de defensa, con cualquiera otra que se haya tramitado en el pasado, es qué en esta, a diferencia de otras, muchos ciudadanos se interesaron en el trámite de la moción, muchos ciudadanos pidieron su aprobación y muchos estuvieron pendientes de la votación en cámara y senado.
Se buscaba con la moción, la salida del ministro y la llegada de uno nuevo que fuera garante de la no violación de los derechos humanos de ninguna persona, de ningún marchante, de ningún protestante.
Pero desde la sociedad civil, esa que no estaba marchando, también se demandaba que se respetasen los derechos humanos de esos ciudadanos ajenos a las marchas, esos que también han sido víctimas, digamos que colaterales, pero al fin de cuentas, víctimas.
Así las cosas, se buscaba un ministro que garantizara qué en medio de las protestas, la fuerza pública no estuviera en las calles, o aun estando, no hiciera uso de las armas ni de la fuerza, lo cual resultaría posible para cualquier ministro, siempre que las calles estuvieran llenas únicamente de jóvenes estudiantes, obreros inconformes, profesionales desilusionados.
El problema es que, en estas protestas, se ha visto como algunos infiltrados, ajenos a la protesta, pero envueltos en ese manto, aprovechan para dañar edificios, saquear comercios, destrozar bienes, incluso atacar la fuerza pública.
Que harían ustedes si mañana fueran nombrados ministros de defensa, en medio de este panorama de caos y desesperanza generalizada después de 35 días de protestas, ¿Cómo actuarían para garantizar derechos humanos de los marchantes, pero también de los no marchantes?
