En Colombia, las crisis no solo se manifiestan en el ámbito de la seguridad y el empleo, existen otros sectores que, a pesar de enfrentar dificultades extremas, han optado por un silencio estratégico, a veces cómplice, esperando pacientemente soluciones que deben provenir del Gobierno, las que en muchas ocasiones no llegan o simplemente se dilatan de manera inexplicable. Sin embargo, este Gobierno, entre mesas de diálogo interminables y promesas sin acción, ha permitido que problemas estructurales asfixien a sectores clave como el agrícola, el transporte y el minero-energético.
Después de cinco meses de reuniones infructuosas y sin acuerdos tangibles, el sector arrocero decidió tomarse las calles y convocar un paro indefinido. La razón: los bajos precios de compra de la cosecha, la sobreoferta del grano por las importaciones masivas desde Estados Unidos y Ecuador, la falta de políticasen materia de créditos, los abusos de parte de algunas molineras, los altos costos de semillas certificadas, entre otros reclamos airados que hacen los cultivadores del grano.
Departamentos como Huila, Tolima, Meta, Casanare y Norte de Santander están paralizados por agricultores que solo buscan salvar su economía, evitando que las perdidas los lleven a la ruina, pues el mercado les ofrece precios de compra muy por debajo de los costos de producción, al punto que entre más tierra tienen, más dinero pierden.
Esta crisis no lleva una semana, tampoco un mes, lo que permite afirmar que los ánimos ya están caldeados y los productores están bastantes exasperados, pero el gobierno pareciera no darse cuenta, ante lo cual cabe preguntar: ¿qué tan alto debe ser el costo del descontento para que el Gobierno reaccione?
En contraste con lo que viene ocurriendo con los arroceros colombianos, en otros países las políticas proteccionistas y de subsidio a la producción alimentaria son motivo de orgullo y defensa de sus economías. Sin embargo, en Colombia, los aranceles flexibles han abierto la puerta a importaciones descontroladas, hundiendo a los productores nacionales.
Este paro de los arroceros amenaza con desestabilizar la economía de al menos 190 de los 1.104 municipios del país, una cifra que debería ser suficiente para que el Gobierno entienda la urgencia de un acuerdo y sobre todo de una solución, rápida y eficaz.
No se trata de organizar mesas de diálogo para levantar el paro y después incumplir, como ha venido ocurriendo con los transportadores, los que han advertido sobre un paro indefinido, y no por falta de acuerdos con el gobierno, sino por el incumplimiento de los pactos alcanzados meses atrás. Lo firmado quedó en el papel, pero en la práctica, las soluciones siguen sin materializarse.
A este panorama se suma la crisis del sector minero-energético, golpeado por una transición energética necesaria pero mal planificada y mal implementada. Una transición que en lugar de generar estabilidad, ha traído consigo aumentos en las tarifas y una caída en la inversión extranjera.
La situación ha llamado tanto la atención que la Comisión Quinta de la Cámara y la Comisión Tercera del Senado, han citado a debate de control político a la Ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, pues alguien debe responder por la crisis de los arroceros.
Mientras tanto, los colombianos seguimos en la espera de que el Gobierno pase del discurso a la acción. Nos queda aferrarnos a la palabra que nos enseñó la crisis sanitaria de hace cinco años y que parece haberse convertido en nuestro único refugio: resiliencia.
El país debe salir en defensa de los arroceros, pues de no hacerlo, los productores de arroz estarán en ceros.
