En cualquier momento entrará en vigor el decreto por medio del cual se restringe y se regula el porte de armas traumáticas en nuestro país.
Para el gobierno nacional es claro que “el porte de armas promueve la violencia, agrava las consecuencias de los enfrentamientos sociales e introduce un factor de desigualdad en las relaciones entre particulares que no pocas veces es utilizado para fortalecer poderes económicos, políticos o sociales. Por eso los permisos para el porte de armas solo pueden tener lugar en casos excepcionales”.
Esta decisión va de la mano con medidas tomadas en el año 2018, según las cuales el porte de armas de fuego en Colombia es excepcional y los permisos especiales para hacerlo, son discrecionales.
Luego de la consideración atrás citada, el gobierno expidió el decreto 2362 de 2018, “Por el cual se adoptan medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego”, una medida que en condiciones normales se hace necesaria, pero repito, en condiciones normales, y en condiciones generales.
Lo que no se entiende y además no parece lógico, es que se den permisos de manera discrecional, pero se vendan armas de manera permanente.
Nada de malo tendría la facultad de expedir permisos especiales, de no ser porque lo que en principio se ha considerado una facultad, en la práctica se ha convertido en un capricho. A “algunos” se les entrega sin justificación aparente, mientras que a otros se les niega sin razón valedera, finalmente es una facultad que se explica y justifica en la “discrecionalidad”.
Resulta inexplicable qué Indumil venda diariamente armas con salvoconductos que no permiten portar el arma. Me explico, el arma para ser portada, o cargada, necesita un salvoconducto que es expedido por Indumil, pero que en el fondo no sirve para nada, pues el porte del arma, además del salvoconducto necesita el permiso especial.
Para expedir el salvoconducto se exigen exámenes médicos especializados, certificados de antecedentes, la compra de un PIN, y luego se determina la venta o no del arma. Lo simpático es que el ciudadano se someta a todos esos trámites y una vez comprada el arma y con el salvoconducto en la mano, el paso siguiente es guardar el arma, porque sin permiso especial no puede ser cargada.
La solución es más sencilla de lo que parece, solo se trata qué los señores del ministerio de defensa y de la industria militar NO VENDAN MAS ARMAS DE FUEGO, renuncien a los ingresos generados por la industria militar, la que en 2019 vendió $674.918 millones de pesos, de los cuales, el sector civil adquirió armas por valor de $ 19.111 millones de pesos.
Significa lo anterior, que en Colombia cada año los civiles adquieren armas de fuego por valores cercanos a los $20.000 millones, las que una vez en su poder, demandan permisos especiales que raramente les son entregados, con un agravante consistente en que el permiso especial debe sacarse cada año y su duración es hasta el 31 de diciembre del año respectivo, no importa la fecha en que se solicite el permiso y se tenga la bendición de ser autorizado.
Según cifras del colectivo “ideas paz”, para el año 2017 en Colombia se tenían 706.210 armas legales en poder de los ciudadanos (hoy son cerca de 690.000), contra 4.267.790 armas ilegales en poder de particulares. Es decir que la relación es 6 armas ilegales contra un arma legal.
Hoy día es cada vez más complicado portar un arma legal, pero, es cada vez más normal que se lleven armas, sin salvoconducto, sin autorización especial.
El país se ha empeñado en controlar a los “legales”, omitiendo que no se hace lo propio con los “ilegales”, colocando al ciudadano de bien en poder de bandas criminales que poco leen las noticias, que desconocen los decretos y que, por su propia condición, no respetan las leyes.
Es urgente una política pública que haga un ejercicio serio de igualdad en materia de ataque y defensa, privilegiando la defensa sobre el ataque, pero no puede seguir ocurriendo lo que pasa hoy, donde se controla férreamente la defensa, pero nada se hace en frente de los ataques.
En conclusión, que se respeten los salvoconductos o que no se venda una sola arma en el país y que, de manera paralela, se agrave el porte ilegal de armas de fuego, mediante la imposición de penas más severas.
Creo firmemente que no estamos preparados para un comercio de armas tan libre como en Estados Unidos, pero tampoco estamos listos para que los delincuentes salgan acorazados con sus 9 milímetros y los ciudadanos salgamos desnudos o vestidos de miedo.
Las cifras no ayudan a la decisión gubernamental, pues recordemos que el uso de arma de fuego en el delito de hurto en 2019 ocurría en el 6,6 % de los casos, pero en 2020 subió al 12,7 % y en 2021 ya va en 15 % de los casos.
Conozco empresarios que han sido secuestrados, están amenazados, reciben extorsiones, mueven importantes sumas de dinero, y mientras ellos tienen las armas guardadas porque “según estudios” no ameritan protección, los criminales que los amenazan los visitan acompañados de sus hermosas Heckler H&K, Smith & Wesson, Walther, SIG-Sauer, Star, Glock, Beretta, casi todas sin salvoconducto, ninguna con permiso especial, pero todas, absolutamente todas, muy funcionales.
Mientras la situación persista, seguiremos viviendo en una sociedad de CRIMINALES DESALMADOS CONTRA CIUDADANOS DESARMADOS.
