Hace varios años que se escucha decir que el país tiene una profunda crisis carcelaria, asunto que lamentablemente, no ha pasado de ser una retórica permanente desde varias ONG, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, los Ministerios de Justicia y del Interior, la Policía Nacional e incluso la Presidencia de la República.
Somos un Estado en el que la dirección de las cárceles, administrativamente la tienen los directores de los centros carcelarios, pero en la realidad en cada patio hay una “pluma” o un “cacique” que define el comportamiento de los internos del patio y del centro penitenciario.
Ha hecho carrera que desde los patios se opongan a las requisas, al control de celulares, a la regulación excesiva de visitas, al tema de horarios, a las raciones de comida, a los descuentos o redenciones por trabajo o estudio y muchos otros temas.
Las exigencias de los “caciques” se traducen de manera permanente en amenazas al personal de guardia y a los directores de las cárceles, lo que ha llevado a que el Gobierno responda mediante las declaratorias de emergencia carcelaria, la primera de ellas en 2013, por hacinamiento que aún continúa, la segunda en 2016, por la pésima prestación de servicio de salud tras la liquidación de Caprecom, asunto que aún se vive, la tercera en 2020, por la emergencia del COVID 19, asunto si se quiere superado y la actual, desde febrero de 2024 por los homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Inpec.
No obstante y después que la actual emergencia fuera dictada en febrero, el día jueves 16 de mayo, mataron al director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el que para ese momento llevaba 39 días en el cargo. Lo anterior indica, que la emergencia carcelaria vigente no pasa de ser un titular de prensa, pues fue dictada para implementar medidas de seguridad en favor de los funcionarios del Inpec y para solicitar apoyo adicional por parte de la fuerza pública, pero como podemos ver, una cosa es el propósito y otra cosa los resultados.
Las cárceles colombianas adolecen de múltiples dificultades, problemas de corrupción, exceso de hacinamiento, ausencia de cupos para trabajar, insuficientes espacios para estudiar, aumento permanente de penas, presos privilegiados frente a presos sin oportunidades, lo que se constituye en un cóctel mortal, pues confluyen múltiples razones para enervar los ánimos de los que poco tienen para perder.
Una decisión que sería fundamental para resolver la problemática al interior de las cárceles, es la oferta permanente y constante de espacios laborales para los internos, pues ello les permite redimir pena, generar ingresos para ellos o la familia, pero lo más importante, ocupación de tiempo ocioso con lo cual se sustraerían de estar planeando fugas, ataques a la guardia, consumo de drogas, acceso a bebidas embriagantes y riñas permanentes.
Pocos temas son tan dañinos para el sistema carcelario como el exceso de tiempo ocioso para un interno que además de no redimir pena y no tener ingresos dedica todo el tiempo a pensar en la venganza que debe cobrar a una sociedad que lo estigmatiza, señala, critica, maltrata y segrega.
El día que el país entienda que los internos no son pedazos de carne depositados en bodegas, sino seres humanos con necesidades de resocialización que en muchos casos gritan pidiendo una oportunidad, tal vez el tema empiece a recomponerse, pero mientras tanto ya llevamos más de 20 años desde que la Corte Constitucional, determinó en sentencia T-153 de 1998, la gravedad de la situación carcelaria que se vive en el país, sin que a la fecha y después de varios presidentes nadie haya podido resolver de fondo.
La magnitud de lo que viene ocurriendo, es de tal calado que en las cárceles ya no cabe un interno más, por lo que desde hace varios años se vienen habilitando estaciones de policías, comisarias, calabozos de la Sijin y otros espacios como centros de detención transitoria, en los que la transitoriedad se ha convertido en habitual, dejando su condición de transitorios para convertirse en permanentes, con severas lesiones en materia de derechos humanos a las personas detenidas, retenidas, imputadas e incluso condenadas, con clara complicidad de un estado que ve el problema, pero que voltea la mirada, como si de esta manera el tema se resolviera amparados en la falta de decisiones.
Ministro de justicia, haga algo, diga algo, es para una tarea.
