La valorización es un gravamen que se impone a los predios que se benefician con la ejecución de una obra, de tal manera que su valor aumenta debido al impacto favorable generado por el desarrollo urbanístico.
Esta contribución no es nueva en nuestro ordenamiento jurídico. Basta con revisar el artículo 3.º de la Ley 25 de 1921 para entender que llevamos más de cien años regulando este tema.
En su origen, la valorización fue concebida como “(…) una contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local, como la limpieza y canalización de ríos, construcción de diques para evitar inundaciones, desecación de lagos, pantanos y tierras anegadizas, regadíos y otras análogas; contribución destinada exclusivamente a atender los gastos que demanden dichas obras (…)”.
Muchas de las obras ejecutadas en Colombia han sido posibles gracias al aporte de los propietarios o poseedores de los predios que, según la derrama, resultan obligados al pago, al tiempo que se benefician directamente de las intervenciones realizadas.
En Manizales existen buenas experiencias con este instrumento de financiación: las obras se ven, la ciudad crece ordenadamente y los ciudadanos perciben el incremento en el valor de sus inmuebles. Ejemplos claros de obras ejecutadas con financiación total o parcial por valorización son la intersección vial de La Carola, la Zona F, la Avenida del Centro, pavimentación de vías en La Linda, Paralela Norte – Bajo Rosales, Paseo de los Estudiantes, renovación urbana de la Plaza Alfonso López, entre otras.
Es cierto que trasladar el costo total de una obra a los ciudadanos en el área de impacto puede generar cargas económicas difíciles de asumir. Sin embargo, también es cierto que hay obras cuya no ejecución resulta más costosa: la falta de solución deprecia la propiedad, deteriora la calidad de vida y obliga a la ciudadanía a soportar incomodidades que podrían superarse con infraestructura adecuada.
Lo justo es que la administración contribuya al financiamiento de las obras. Así, mediante una sinergia entre el presupuesto público y los recursos privados, se logra una solución más equilibrada y efectiva a los problemas urbanos, lo cual se traduce en mejor calidad de vida. Un trancón menos es una llegada más oportuna.
El paquete de obras propuesto para Manizales por la actual administración es ambicioso y técnicamente sustentado, con soluciones reales a necesidades actuales. Si a esto se suma la voluntad del Gobierno de aportar el 70 % del valor de cada obra, todo está dado para ver una ciudad en constante progreso.
Los ciudadanos aportarían el 30 % del valor, pero recibirían el 100 % del aumento en el valor de sus inmuebles, gracias a soluciones que mejoran la conectividad y el entorno.
Sectores como La Francia, Los Alcázares y Morrogacho no resisten más el crecimiento habitacional y residencial sin una infraestructura vial adecuada. Se trata de barrios con sistemas de comunicación vial que superan los 50 años de antigüedad. Ese embudo necesita una solución urgente. Lo mismo ocurre en el sector industrial y en las vías de acceso al SENA, en La Enea.
Sin valorización, se podrían ejecutar una o dos obras. Con valorización, es posible atender integralmente las necesidades de infraestructura que hoy demanda Manizales.
Es momento de modernizar la ciudad, y para ello debemos dejar atrás el miedo a la valorización. Más que un impuesto, es una inversión compartida que genera progreso.
