En los últimos días, la política exterior colombiana se ha visto sacudida por la revocatoria de la visa estadounidense al presidente Gustavo Petro y otros funcionarios, además de la posterior renuncia solidaria de varios miembros del gobierno al visado americano. Lo que para algunos sectores representa un gesto de dignidad y soberanía, para otros y me incluyo en este grupo constituye un error de enormes proporciones que podría traer consecuencias serias para Colombia.
Muchos aplauden la valentía del presidente Petro al levantar la voz contra la tragedia humanitaria en Gaza y al criticar la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre la defensa de los derechos humanos y el uso imprudente del discurso diplomático. Ningún jefe de Estado aceptaría que un líder extranjero ingresara a su territorio para invitar a sus ciudadanos a levantarse contra su propio gobierno. Entonces, ¿por qué pensar que hacerlo en Nueva York, no tendría repercusiones?
La revocatoria de la visa al presidente Petro no es un simple trámite personal. La visa de un jefe de Estado es, en términos prácticos, una llave de acceso al diálogo internacional, a la cooperación económica y a las oportunidades de desarrollo para su pueblo. Restarle importancia a esa decisión o, peor aún, celebrarla, no siempre significa un acto de dignidad, más bien podría ser un acto de egoísmo político que desconoce los efectos sobre los colombianos que esperan un gobierno capaz de construir puentes, no de dinamitar relaciones.
Lo más preocupante es el efecto dominó que siguió a esta medida. Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia; Rosa Villavicencio, canciller; Germán Ávila, ministro de Hacienda; y Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, renunciaron también a sus visas en un gesto de solidaridad con el presidente. Todos ellos lo justificaron en nombre de la soberanía y la coherencia política. Pero conviene recordarles algo, para gobernar sí se necesita visa, porque gobernar implica mantener buenas relaciones con los principales socios estratégicos del país. Renunciar a ese acceso no solo es un símbolo; es una puerta cerrada que afecta a Colombia en el comercio, la diplomacia y la inversión.
El deterioro de la relación con Estados Unidos no es un tema menor. Es nuestro socio principal en cooperación contra el narcotráfico, en materia de seguridad, y uno de los inversionistas más importantes en el país. Alejarse de esa alianza, en nombre de una supuesta dignidad mal entendida, significa exponer a Colombia a un aislamiento internacional cuyas consecuencias se sentirán en la economía y la política regional.
La verdadera dignidad de un gobernante no se mide por cuántas visas devuelve, sino por cuántas puertas abre para su pueblo.
