En Colombia, los guardianes de la seguridad viven hoy bajo amenaza. Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) están siendo asesinados a manos de estructuras criminales que buscan imponer el miedo como forma de control. Hombres y mujeres que dedican su vida a custodiar a quienes fueron condenados por desconocer los mandatos legales están pagando con su vida el precio de servir a un Estado que no ha logrado garantizar su seguridad.
La situación del INPEC es apenas la punta visible de una crisis estructural. El país presencia, casi en silencio, cómo los funcionarios encargados de la custodia de presos y la seguridad penitenciaria se convierten en blanco fácil de retaliaciones. Las mafias carcelarias se han infiltrado hasta el punto de convertir las amenazas en rutina. Las familias de estos servidores públicos viven con miedo, y el Estado, el mismo que ellos protegen, parece llegar siempre tarde, con homenajes póstumos y promesas de cambio y protección que el viento se va llevando.
Pero el drama no termina en las cárceles. En las calles vemos muchos vigilantes y guardas de seguridad que, en muchos casos, enfrentan una realidad similar: largas jornadas, bajos salarios, carencia de seguros de vida adecuados y una exposición constante a la violencia. Son quienes, día y noche, resguardan empresas, conjuntos residenciales, bancos, hospitales y espacios públicos. Sin embargo, su labor pocas veces es reconocida o dignificada.
Frente a este panorama, hay un proyecto de ley, actualmente en estudio en el Congreso, que se erige como una iniciativa necesaria y urgente. Este proyecto busca la dignificación, desarrollo y progreso del sector de vigilancia y seguridad privada, actualizando normas que datan de hace tres décadas. La propuesta contempla medidas esenciales como la obligación de contratar seguros de vida que cubran a los guardas las 24 horas del día, incentivos para la vinculación laboral de mujeres, víctimas del conflicto y personas con discapacidad, así como la implementación de tecnologías y condiciones laborales dignas, espacios de descanso, recesos, uniformes reglamentados y horarios más humanos.
Este proyecto no solo es una actualización normativa, es un acto de justicia. Reconoce que la seguridad no es un privilegio, sino un derecho que empieza por proteger a quienes la garantizan. También propone medidas tecnológicas para hacer más eficiente el servicio.
Mientras el país llora a los funcionarios del INPEC y exige respuestas ante la violencia que los azota, el Congreso tiene la oportunidad de actuar con coherencia y responsabilidad. Dignificar a los vigilantes y guardas privados también es fortalecer la seguridad nacional.
Lo que viene ocurriendo se convierte en el argumento más fuerte para la continuidad del proyecto de ley por medio del cual se ajusta el régimen pensional del personal de guarda y custodia del INPEC, pues queda claro que las razones que justifican un régimen especial para las Fuerzas Militares y la Policía son perfectamente aplicables a estos servidores, que dedican su vida a impedir que los privados de la libertad la recuperen por habilidades, planes de fuga o simplemente por la fuerza.
La violencia no se combate solo con más armas o más leyes punitivas. Se combate con respeto, con condiciones laborales justas, con políticas que protejan a quienes, día tras día, son la primera línea entre el caos y el orden.
Hoy más que nunca, Colombia necesita recordar que quien protege también necesita protección.
