¡Colombia necesita con urgencia una reforma política profunda, seria y consensuada!
No podemos seguir creciendo en partidos políticos, no podemos seguir cosechando personerías jurídicas que florecen de manera silvestre. A la fecha, el país tiene 37 partidos u organizaciones políticas, además de los corporados, alcaldes y gobernadores elegidos por grupos significativos de ciudadanos, lo cual, ya es aterrador para un sistema político que se precia de ser democrático y lo peor, se considera “maduro” y “moderno”.
Mientras que, en las democracias plenas, con dos o tres partidos políticos es más que suficiente, en nuestro país hemos tenido hasta 80 partidos políticos en un mismo momento. No resulta serio ni sensato que en nuestro modelo se tenga un partido para cada tema en concreto, bien sea por el medio ambiente, por la seguridad, por las causas ecológicas, por asuntos del trabajo, por relaciones con la guerrilla, por la defensa de la religión, por principios sociales, y muchas otras razones que los propios partidos no saben explicar.
Un día cualquiera, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, entregan personerías jurídicas a diestra y siniestra, pero al otro día, sus colegas magistrados del Consejo de Estado, dejan sin efectos las decisiones del electoral y, tal vez por eso, es por lo que nunca hay certeza de cuántos partidos políticos amanecen en nuestro país. Pues para saber esa respuesta hay que tener claridad sobre cuántas personerías nuevas se entregaron y cuántas tumbaron.
La propuesta de reforma debería resolver un asunto que, aunque parezca trivial, es más profundo de lo que se puede imaginar. Resulta que en Colombia el requisito para ser congresista se reduce a tener 25 años para los representantes y 30 para los senadores, no importa si no saben leer ni escribir. En otras palabras, un ciudadano que tenga dos carreras, un doctorado y hable 3 idiomas, pero tenga 29 años, no cumple requisitos para ser senador. Ese asunto demanda una revisión urgente, pues salvo mejor criterio, debería acreditarse cuando menos, el bachillerato aprobado.
Considero que la reforma, debe permitir la reelección de servidores públicos uninominales: alcaldes, gobernadores y presidente, esa sería sin duda alguna la mejor forma de calificar la gestión. Ahora bien, si la medida es desproporcionada, que puedan entonces aspirar de manera inmediata a cargos corporados, como concejales o diputados, en el caso de alcaldes y gobernadores.
El país también necesita una reforma política que regule las coaliciones entre sectores ideológicamente opuestos. No tiene sentido que algunos alcaldes resulten avalados al mismo tiempo y de manera conjunta por partidos de extrema izquierda y de extrema derecha, pues no creo que esos extremos permitan un comportamiento serio y sincero con el elector.
Es el momento de establecer una norma que permita la participación en política de todos los servidores públicos, pues no hacerlo es permitir que la hipocresía siga siendo aliada permanente de los procesos políticos del país, donde la mayoría de los funcionarios de todo rango y nivel hacen parte de las campañas, de frente o a escondidas, pero lo hacen. Mantener la prohibición es una cortapisa innecesaria para personas que viven haciendo política, a las que se les impide seguir haciendo política, solo porque ocupan cargos por cuenta de la política.
Es hora de proponer el voto obligatorio, o por lo menos, que el que no vote, no pueda ser servidor público, ni pueda contratar con el estado. Para evitar especulaciones, al que no le guste ningún candidato, ahí tiene el voto en blanco para que muestre su desacuerdo con los candidatos y los partidos.
Otra propuesta que merece ser revisada, es aquella que plantea que para ser candidato a congresista se demanda que el candidato haya sido diputado o concejal; para ser candidato a diputado se demanda que el candidato haya sido concejal o edil; para ser candidato a concejal, ha de ser requisito que se haya ejercido como edil. Es la manera más cercana de generar la carrera política, como la carrera administrativa, y procurar de esta manera que al congreso y las asambleas, lleguen personas que tengan una mínima idea del funcionamiento de las corporaciones.
Habría que hacer muchos otros cambios, pero hay que empezar a hacerlos ya.
