Por segunda vez, la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma a la salud. Un proyecto que el Gobierno insistió en tramitar desde 2023 y que volvió a poner sobre la mesa en agosto de 2024, con la esperanza, quizá más política que técnica, de que esta vez sí lograra avanzar. No fue así. Y aunque para algunos este hecho representa una “derrota legislativa” del Ejecutivo, en realidad es una derrota mucho más profunda, la del país que sigue sin resolver su crisis estructural en salud.
El hundimiento de la reforma no significa que el sistema funcione ni que los problemas desaparezcan. Por el contrario, deja en evidencia un escenario más preocupante. Colombia enfrenta una crisis sanitaria sin hoja de ruta clara, atrapada entre un Gobierno que no logró construir consensos y un Congreso que, aunque con razones técnicas y políticas válidas, tampoco propuso una alternativa viable y estructural.
Este no es solo un golpe al ego del presidente Gustavo Petro ni una muestra de los límites de su poder político en el Congreso. Es, sobre todo, la confirmación de que la salud se convirtió en un campo de batalla ideológico, donde la discusión técnica fue desplazada por la confrontación política. Mientras tanto, los usuarios siguen esperando citas, los hospitales acumulan deudas, los profesionales de la salud trabajan en condiciones precarias y las EPS, buenas o malas, continúan operando en un sistema financieramente asfixiado.
La reforma necesitaba debate, ajustes y mejoras, no una aprobación a pupitrazo ni un hundimiento sin salidas. El país requería una conversación seria sobre cómo garantizar el derecho fundamental a la salud sin improvisaciones, sin discursos maximalistas y sin miedos infundados. Pero ese diálogo nunca ocurrió. El Gobierno apostó por la imposición; el Congreso respondió con el bloqueo. El resultado, nadie gana y los ciudadanos pierden.
Decir hoy que “la reforma era inviable” no resuelve el problema de fondo. Hundir el proyecto no alivia la crisis; la profundiza. Colombia no está mejor sin reforma. Está igual o peor, porque sigue sin respuestas estructurales.
La salud no se defiende negando el debate ni cerrando la puerta a los cambios, pero tampoco destruyendo lo que existe sin un plan claro de transición.
La falta de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo dejó al descubierto una verdad incómoda, no existe un acuerdo mínimo sobre el modelo de salud que necesita el país. Y sin ese acuerdo, cualquier intento de reforma, sea de este gobierno o del siguiente, está condenado al fracaso.
Hoy, Colombia está sin salud y, si no se corrige el rumbo del debate, seguirá estándolo por mucho tiempo. La tercera ya no fue la vencida.
Y tal vez la pregunta más urgente no es quién perdió la reforma, sino cuánto más puede perder el país antes de que la política entienda que la salud no admite más aplazamientos ni cálculos electorales.
