No habían pasado 50 horas del año nuevo cuando el mundo presenció una de las noticias que, sin duda, marcarán el año: la intervención militar de Estados Unidos en la vecina República de Venezuela.
La acción duró apenas minutos, pero su resultado fue contundente: la extracción del presidente en ejercicio, un hecho que para algunos constituye una retención y, para otros, un secuestro. Más allá de las denominaciones, quedó en evidencia la enorme capacidad militar del gobierno norteamericano. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue siendo si este tipo de acciones contribuyen realmente a la paz regional y mundial.
Aunque la intervención ha recibido apoyos, también ha generado fuertes cuestionamientos por su carácter unilateral. No puede decirse que el hecho fuera totalmente sorpresivo, pues desde semanas atrás se hablaba del tema. Incluso, muchos se preguntaban si tenía sentido un despliegue militar tan robusto para enfrentar amenazas que parecían menores. Lo verdaderamente impensable fue que, tras la operación, el poder quedara prácticamente en las mismas manos, dejando intacta la estructura política.
Lo ocurrido en Venezuela ha provocado aplausos y rechazos. Para algunos, se trató de la caída de un gobernante ilegítimo que desconoció los resultados electorales; para otros, representa una grave violación al principio de soberanía, pues ninguna potencia tiene derecho a invadir un país o derrocar un gobierno sin que exista una agresión previa que lo justifique.
Lo más preocupante es el precedente que se está sentando. Lo que comenzó como una acción puntual contra un gobierno específico parece perfilarse como un modelo replicable contra otros países. No es menor que hoy se mencione incluso a los presidentes de Colombia y México como posibles objetivos, como si la democracia dependiera del capricho de una potencia extranjera.
Resulta aún más inquietante que sectores de la opinión pública colombiana promuevan una intervención externa, como si el país careciera de la madurez democrática necesaria para decidir, por la vía electoral, quién debe gobernar. El caso venezolano no puede convertirse en la regla regional. Aunque se discrepe del gobierno de turno, no puede olvidarse que fue elegido por millones de ciudadanos y que, en una democracia, los cambios deben producirse mediante el voto, no por decisiones impuestas desde el exterior.
Las razones esgrimidas para justificar la intervención en Venezuela —presunto narcotráfico, desconocimiento de resultados electorales y violaciones de derechos humanos— no son, en principio, aplicables al caso colombiano. Aceptar la amenaza constante de una intervención militar extranjera sería una forma de debilitar gravemente las democracias del continente.
Es cierto que quien posee el mayor arsenal del mundo tiene el poder militar para intervenir, pero no el poder legal para hacerlo. Aquí se enfrenta la fuerza con la razón. Algunos creerán que la fuerza basta; otros sostendrán que la fuerza sin razón no es más que violencia.
Finalmente, vale recordar que en pocos meses los colombianos tendrán la oportunidad de aprobar o desaprobar el modelo de gobierno vigente. No se requieren, ni hacen falta, intervenciones militares de gobiernos extranjeros para ejercer ese derecho.
