Yulixa Toloza no murió porque el “cirujano” quisiera matarla. No fue así. De hecho, quería ponerla bonita; por eso la sometió a una lipólisis láser, que tenía como propósito descomponer y eliminar la grasa de algunas partes de su cuerpo utilizando una técnica en la que se usa un láser.
Si bien es cierto que estas intervenciones demandan anestesias locales por ser menos invasivas que las liposucciones, no es menos cierto que el manejo de estos pacientes no puede quedar en manos de cualquier aficionado que, solo por saber manejar una cánula o un láser lipolítico, se crea cirujano plástico.
A Yulixa la mató la impericia de un enfermero que se creía médico cirujano, el cual generaba cierta seguridad en la medida en que sus servicios se ofertaban en un centro estético bastante promocionado, que al final resultó ser una clínica de garaje que no tenía habilitación ni permisos para operar. No obstante, se veía atractiva porque ofrecía servicios a precios bastante cómodos, pues mientras en una clínica habilitada, con profesionales serios y reconocidos, el procedimiento cuesta entre 12 y 15 millones de pesos, allí lo ofrecían por tres millones.
En este caso y en otros semejantes, cabe preguntarse dónde estaban las autoridades, que no se dieron cuenta de que, frente a sus narices, se estaban realizando procedimientos invasivos a cantidades de personas que, por ignorancia, aceptaban someterse a intervenciones médicas realizadas por quienes no tenían la formación, tampoco la experiencia y mucho menos la responsabilidad que demandan estos procesos.
La investigación adelantada hasta ahora da cuenta de una intervención quirúrgica realizada por un “equipo” dentro del cual se destaca la presencia de Eduardo David Ramos, un hombre de nacionalidad venezolana cuya profesión es estilista y barbero. Mejor dicho, un barbero cirujano o estilista quirúrgico.
Lo más delicado resultó ser que, ante la falta de formación, no estaban preparados para resolver casos en los que el paciente, por alguna razón, presentara reacciones adversas o simplemente se complicara durante la intervención. Y, por esa misma razón, omitieron darle el socorro requerido, prefiriendo arrojar su cuerpo en una vía pública, cuando lo prudente habría sido llevarla de manera inmediata a un centro especializado. Tal vez, con esa sola acción, habrían salvado su vida.
Todo indica que para los propietarios del centro asistencial era más importante mantener “la reputación” y preservar la marcha del negocio que salvar una vida que se les había confiado y por la cual debían responder.
Frente a lo ocurrido, cabe preguntarse si el caso de Yulixa era la primera ocasión en que un paciente se les complicaba o si, por el contrario, ya tenían antecedentes semejantes. También cabe preguntarse si estas conductas han ocurrido en otros centros estéticos y cuál ha sido la respuesta de estos.
Las malas praxis no solo abarcan algunos actos propios de la medicina; lamentablemente, se extienden a escenarios de la odontología y ciencias asociadas, especialmente en municipios alejados y distantes, lo que lleva a plantear la necesidad de controles más rigurosos y sanciones más severas.
Si bien es cierto que no se puede hablar propiamente de un homicidio doloso, sí podríamos estar frente a un homicidio con dolo eventual, pues es innegable que quien actúa como médico especialista sin tener la formación es consciente de los riesgos que implica su acto irresponsable. También podría pensarse en un homicidio culposo, para lo cual habrá que esperar cuál es el resultado del proceso investigativo frente a los “profesionales” que realizaron el procedimiento.
Lo que no tiene discusión es que estamos frente a una desaparición forzada y un ocultamiento de pruebas, con lo cual es innegable que este concurso de conductas punibles acarreará penas bastante altas para los implicados.
Esta muerte se pudo evitar y, por esa misma razón, creo que dentro de las demandas habrá una contra las autoridades administrativas del Distrito Capital, que tuvieron una falla en el servicio, pues la falta de control sobre estos “centros de estética” derivó en un trágico final.
El país no quiere que otra mujer, o incluso un hombre, tenga que padecer lo que debió soportar en sus últimos días una persona que solo buscaba verse más bonita.
Lo que le pasó a Yulixa le puede pasar a cualquiera. Por eso es tarea y deber de todos denunciar estas clínicas de garaje, y de las autoridades cumplir con sus obligaciones: control, control y más control.
