Delitos abominables hay muchos, pero el secuestro es, sin lugar a duda, uno de los eventos que más afectan a cualquier sociedad, pues la retención arbitraria en condiciones que pongan en riesgo la salud mental y física no puede ser aceptada de manera pacífica, máxime cuando es desarrollada con clara violación de los derechos humanos de la persona.
La privación injusta e ilegal de una persona, con fines casi siempre extorsivos, en búsqueda del pago de un rescate, es una conducta que afecta al secuestrado casi que por el resto de sus días, pues los traumas psicológicos difícilmente se superan. Y lo peor de todo es que no solo resulta afectado el retenido, sino que, además, se vuelven vulnerables todos los miembros del grupo familiar.
En Colombia se documenta el primer secuestro en el año 1933, y se habla de una cifra superior a los 30.000 secuestrados en los últimos 40 años, lo que sería igual a decir que secuestraron pueblos completos tales como Samaná, Supía o Aguadas en Caldas, con lo cual no es exagerado afirmar que, en estos años, secuestraron a toda una sociedad.
Varios actores se asocian de manera directa al secuestro como fuente de financiación: las FARC, las disidencias, el ELN y la delincuencia común, lo que hace que esta actividad sea una verdadera industria generadora de recursos para sostener la guerra y a los dueños de la industria criminal.
Recientes informes dan cuenta de que, durante los primeros cinco meses del año 2025, el secuestro creció un 257 % en Bogotá y un 40 % en el resto del país en el mismo periodo. Pero, al cierre de noviembre, el crecimiento del secuestro ya llegaba al 103 % en el país, con lo cual no resulta apresurado, exagerado ni excesivo decir que el miedo nos tiene encerrados y que la delincuencia ha secuestrado al país.
Las cifras indican que en Colombia hay cerca de 300 secuestros por año, sin contar dentro de estas cifras a los menores reclutados por los grupos guerrilleros o disidentes, que llevarían los números a extremos inimaginables.
Tenemos la deshonrosa cifra de cerca de 200.000 personas que fueron o figuran como desaparecidas, las cuales, en principio, se registraron como secuestros simples que posteriormente se convirtieron en desapariciones, pues nunca más se tuvo rastro de ellas, y mucho menos conocimiento de su paradero.
Muchos actos de secuestro fueron maquillados como “retenciones”, con lo cual tuvimos a un policía retenido por la guerrilla, ni más ni menos que 13 años en la selva, a la intemperie, sin condiciones adecuadas, purgando una pena ilegal.
Si bien es cierto que en muchos casos el propósito del secuestro es político, no es menos cierto que, en el 80 % de los casos, o incluso más, el propósito es eminentemente extorsivo y económico.
A los que habíamos pensado que el secuestro era cosa del pasado, nos ha tocado entender y quedar notificados de que es cosa del presente, ante lo cual es urgente que se diseñen políticas públicas para que este flagelo no nos tome ventaja, pues los colombianos ya estamos agotados de las llamadas extorsivas y los mensajes intimidantes, como para que ahora no podamos salir, o por lo menos no podamos hacerlo con tranquilidad, teniendo que resguardarnos en nuestras casas por temor a que los grupos delincuenciales organizados sigan aumentando sus cuentas. Se necesita más seguridad, más control, más presencia, para que no nos mantengan SECUESTRADOS.
