Actualmente, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes estamos discutiendo el Proyecto de Ley 432 de 2025, por medio del cual se ajustan las tarifas de energía en Colombia. Asunto que, en principio, parecía muy tranquilo, pero que, en la medida en que se ha socializado el proyecto, se han realizado audiencias y se ha presentado la ponencia, ha venido teniendo comentarios, defensores férreos y detractores fuertes.
El debate central se puede resumir en seis puntos que bien vale la pena estudiar para determinar quién tiene la razón, pero también para buscar salidas y soluciones, no solo para quedarnos en lo mismo, cuando perfectamente podríamos avanzar en búsqueda de acuerdos y resultados favorables, especialmente para el consumidor o usuario.
El primer punto que debe analizarse es si el país mantiene o no el famoso “cargo por confiabilidad”, un modelo que fue implementado hace 19 años y en razón del cual los usuarios pagan en su factura de energía 40 o 50 pesos más por kilovatio hora de energía, que es igual a pagar entre el 10 % y el 12 % más, como si fuera un seguro que los usuarios pagan para garantizar que las empresas hagan ampliaciones y modernizaciones que permitan tener seguridad de un suministro eléctrico, especialmente en momentos de escasez y, sobre todo, para evitar un apagón. Ese “seguro” recauda anualmente unos 6 billones de pesos, llegando a 92 billones desde su implementación.
Los defensores de la medida aducen que, sin ese seguro, las empresas no tendrían cómo garantizar la solidez del sistema. Los detractores, entre ellos el Gobierno, sostienen que la medida es innecesaria, que las empresas no han modernizado ni ampliado la oferta y que los colombianos no tienen por qué pagar un seguro que no les da ningún beneficio.
Un segundo tema es la llamada opción tarifaria, una medida implementada durante la pandemia, y que tuvo por propósito evitar los aumentos de la factura de energía en esa época tan difícil para los usuarios. El problema radica en que la medida fue acumulando una serie de obligaciones que llegaron a varios billones que ni los usuarios ni el Gobierno han podido cancelar.
La propuesta es que esa deuda no siga siendo asumida por los estratos 1, 2 y 3 de la población, y que sea cargada a las facturas de los estratos 5 y 6, más el sector no regulado y los no residenciales.
Los que defienden la propuesta aducen que la misma lograría alivianar la situación de hogares de estratos bajos, al tiempo que permitiría que las empresas recuperen unos recursos necesarios para su operación y sostenibilidad. Los opositores manifiestan que los estratos altos no tienen por qué cargar con obligaciones propias de los hogares de los estratos 1, 2 y 3, pues, según ellos, eso es un “fiado” que lo adeudamos todos por igual.
La tercera propuesta consiste en eliminar el cobro denominado pérdidas no técnicas. Este ítem de la factura de energía consiste en que las empresas de energía cobran a los usuarios por la energía que “se pierde” antes del contador, es decir, la que se roban por conexiones fraudulentas, lo que es más notorio en la Costa Caribe que en otras regiones.
Los defensores de esta propuesta indican que mantener el cobro es premiar la ineficiencia de las empresas, pues se castiga a los honrados cobrándoles los fraudes que hacen los más “vivos”. Las empresas, por su lado, alegan que, si no pueden cobrar este ítem, el Gobierno debe pagar las diferencias, pues, según ellos, los robos de energía ocurren por la incapacidad del Estado para evitar que se hagan conexiones fraudulentas.
Un cuarto asunto es que los subsidios tengan más controles y puedan ser retirados a los usuarios que superen el umbral de consumo. Esta norma busca que los subsidios no sean un incentivo perverso para el uso inadecuado del servicio. Este artículo no tiene opositores.
El otro asunto que se considera es una modificación en la conformación de la CREG, permitiendo el ingreso de comisionados provenientes o en representación de la academia, los usuarios y los sindicatos del sector. Para quienes defienden la medida, es una manera de democratizar la institución; para los que se oponen, se corre el riesgo de perder el componente técnico de la comisión.
El último asunto a destacar es la prohibición de incluir en las facturas el cobro de sobretasas a la seguridad, pues en lugares como la Costa vale más la sobretasa que el servicio, con lo cual muchos usuarios se quedan sin pagar la factura simplemente porque no les alcanza para cubrir la contribución por seguridad. Una medida que no ha tenido oposición.
Este resumen tiene por propósito generar el debate sobre lo que contiene una iniciativa que hoy genera bastante polémica. Mientras el Gobierno propone bajar tarifas, el sector eléctrico exige garantizar la sostenibilidad del sistema.
