En un país que le exige títulos, experiencia y competencias certificadas a buena parte de sus trabajadores, resulta paradójico que uno de los cargos más determinantes para el rumbo de Colombia tenga requisitos tan mínimos. Sí, me refiero al Congreso de la República, el escenario donde se hacen las leyes, se debaten los grandes temas nacionales y se toman decisiones que afectan la vida cotidiana de más de 50 millones de personas.
La Constitución Política de Colombia es clara y, al mismo tiempo, sorprendentemente flexible. El artículo 172 establece que para ser representante a la Cámara solo se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años. El artículo 177, en el caso de los senadores, eleva el requisito apenas a 30 años de edad. No se exige formación académica, experiencia previa ni conocimiento básico del funcionamiento del Estado.
Esto por supuesto no es ilegal. Pero sí plantea una discusión profunda sobre la calidad de nuestra representación democrática.
Es sabido que algunos congresistas han llegado al Capitolio sin siquiera haber terminado el bachillerato. Y esto, dicho con claridad, no es un problema en muchos campos laborales ni en la vida en general. El acceso al trabajo no puede ni debe ser excluyente. El problema aparece cuando el rol exige leer cientos de páginas de proyectos de ley, analizar conceptos técnicos, participar en debates complejos, ejercer control político y tomar decisiones que comprometen recursos públicos, derechos ciudadanos y el futuro del país.
No se trata de ser experto en todo. Nadie lo es. Pero sí de llegar preparado, de ir a trabajar leído, de llegar temprano, de entender el contexto antes de votar, de asumir con seriedad un cargo como este.
Esta no es una crítica generalizada, ni mucho menos, un juicio moral. En el Congreso también hay personas estudiosas, comprometidas, con trayectorias sólidas y una vocación pública admirable. Muchas de ellas merecen estar allí y dignifican el cargo. Precisamente por eso, la pregunta se vuelve más incómoda: ¿Por qué el sistema permite que el nivel de exigencia sea tan desigual en un espacio tan decisivo?
La discusión, además, no puede quedarse sola en quienes llegan. Porque al Congreso nadie llega solo. Se llega por elección popular. Se llega con los votos de ciudadanos que creen en un proyecto político, que confían en una trayectoria o que, en muchos casos, votan por costumbre, por cercanía, por reconocimiento del nombre o por favores recibidos.
La democracia no se debilita solo cuando hay malos congresistas, sino cuando normalizamos que el Congreso funcione con los mínimos.
Tal vez no se trate de imponer títulos ni de cerrar la puerta a liderazgos populares. Tal vez se trate, simplemente, de elevar el estándar ético y ciudadano con el que elegimos y de garantizar que, cuando menos, se tenga el título de bachiller. Porque el Congreso no es un escenario menor. Es uno de los pilares del Estado.
