La reciente decisión judicial que declaró culpable penal al expresidente Álvaro Uribe Vélez marca un capítulo trascendental para la justicia colombiana, no tanto por el personaje en cuestión, sino por el mensaje de fondo que envía en un Estado de derecho, la ley debe aplicarse sin distinción, incluso cuando quien está sentado en el banquillo ha ocupado la más alta dignidad de la nación.
Es innegable que el nombre de Álvaro Uribe genera divisiones profundas. Para muchos es símbolo de liderazgo y mano firme; para otros, representa una figura cuestionada por decisiones y estrategias controvertidas. Pero más allá de esa polarización, lo verdaderamente significativo es que una juez de la República tomó una determinación que a su juicio está basada en pruebas documentales y testimoniales, que le permitieron, según su criterio jurídico, declarar por primera vez en la historia del país, la responsabilidad penal del ciudadano que cometió faltas penales en condición de presidente de la república, recordando de esta manera que ningún ciudadano, por influyente que sea, debe estar por encima de la ley.
Esta medida no implica una condena definitiva. Se trata de una primera etapa del proceso en la que la juez encontró méritos para determinar la responsabilidad del procesado, ante lo cual sigue la definición del tiempo de la pena y la restricción o no de la libertad del sentenciado mientras se resuelve la segunda instancia, asunto que es habitual en este tipo de diligencias y que por esa misma razón ocurre a diario con miles de colombianos que enfrentan la justicia. Lo excepcional aquí no sería la medida misma, sino que por primera vez alcance a una figura política de este calibre, en un país donde históricamente el poder ha logrado blindarse de los estrados.
La fortaleza de la democracia no se mide por la cantidad de líderes que produce, sino por la solidez de sus instituciones para juzgarlos cuando es necesario. Si la justicia opera con garantías, sin presiones externas y respetando el debido proceso, el resultado, sea cual sea, debe ser visto como una expresión de esa madurez institucional.
Aún queda camino por recorrer. El expresidente tiene derecho a defenderse, presentar recursos ordinarios y extraordinarios y controvertir la sentencia, como corresponde en un Estado de derecho. Pero esta decisión, más allá de simpatías o antipatías, envía una señal clara, la justicia colombiana puede y debe llegar hasta donde sea necesario para garantizar que la ley se cumpla, incluso si el investigado es alguien que alguna vez gobernó el país.
En últimas, que esto no se convierta en una batalla de trincheras políticas. Lo relevante no es quién está sentado frente a la juez, sino que la ley pueda mirarnos a todos con los mismos ojos.
Habrá que esperar la decisión de segunda instancia que habrá de proferir la sala penal del tribunal superior de Bogotá, para que de ser confirmada no quede duda de la rigurosidad de la Juez y la consonancia de la sentencia con las culpas, pero en caso de revocatoria y absolución, cosa que también puede ocurrir, los que hoy celebran y reconocen la majestad de la justicia, no vayan a salir con un chorro de babas diciendo que la justicia es corrupta o amañada, pues las sentencias no solo se respetan cuando nos favorecen, también hay que hacerlo cuando no son de nuestro gusto o agrado.
Por ahora solo queda decir que las sentencias no se discuten, se apelan o se acatan, pero no se discuten en redes, ni en emisoras y menos en periódicos o en televisión, se disienten en despachos de superior categoría, mediante recursos oportunamente presentados y adecuadamente sustentados.
