Ha iniciado la cuarta legislatura del actual periodo constitucional, un momento en el que empiezan a marchitarse las condiciones políticas de varios congresistas y, también, del propio gobierno.
La última legislatura de cada periodo suele caracterizarse por ser menos activa que las tres anteriores, pues muchos congresistas se convierten en candidatos y deben repartir su tiempo entre las sesiones y las campañas, algo que ha sido así históricamente.
Es un periodo en el que se presentan menos iniciativas, ya que sus autores saben bien que nada garantiza que continúen en sus curules y puedan, así, sacar adelante sus proyectos.
También es habitual que varios congresistas cercanos al gobierno tomen distancia en este último tramo, buscando diferenciarse del Ejecutivo y atraer el respaldo de electores críticos del gobierno.
Las iniciativas del presidente y su equipo no lucen tan sólidas como en el primer año, cuando casi todo recibía aprobación y respaldo. Entre las principales propuestas pendientes se encuentran la reforma a la salud, el nuevo Código de Minas, el debate sobre el fracking, la ley de jurisdicción agraria, una nueva reforma tributaria y la integración vertical en materia energética, el ajuste a la ley de paz total con sometimiento, entre otras. Muchas de ellas difícilmente verán la luz, ya sea por falta de tiempo o por cálculos políticos.
Este último periodo es complejo por la constante presencia de los congresistas–candidatos en las regiones y, además, es más corto: mientras en los tres primeros años las sesiones inician el 21 de febrero, en este solo comienzan el 21 de marzo.
A esto se suma que, en el primer semestre del próximo año, los congresistas regresarán sabiendo ya quiénes lograron reelegirse y quiénes no, lo que inevitablemente afecta la disposición para culminar su trabajo legislativo.
En el Congreso es fundamental aprovechar al máximo los tres primeros años, los únicos periodos en los que las jornadas deberían ser plenas, sin excusas para ausentarse. Sin embargo, a veces el compromiso es más escaso que la importancia de impulsar proyectos que beneficien al país.
Por último, y no menos importante, tras las elecciones de marzo próximo y hasta junio, la atención del país político estará centrada en la elección presidencial, lo que también fragmenta y debilita la agenda legislativa.
Un último periodo complejo, corto, agitado y con un margen de acción muy limitado para el gobierno.
