Siempre he creído en las Fuerzas Armadas. He creído en la necesidad de instituciones que regulen, que hagan cumplir la ley y que protejan las libertades de todos, especialmente frente a quienes insisten en vulnerarlas.
Pero hoy, esa convicción se enfrenta a una realidad que no podemos seguir ignorando. Lo ocurrido este fin de semana no fue solo un accidente. Fue una tragedia que deja más de 60 militares muertos y que obliga a hacer una pregunta incómoda: ¿estamos protegiendo realmente a quienes nos protegen?
Aún no se conocen con certeza las causas de este hecho. No se puede afirmar que haya sido una falla de mantenimiento. Pero lo que sí muestran las cifras es una tendencia preocupante: ya son más de 12 accidentes de aeronaves militares desde 2022. Y eso deja de ser coincidencia para convertirse en una alerta.
Hoy, cerca del 60% de la flota aérea no está operativa por falta de mantenimiento o recursos. Hay helicópteros en tierra, aviones que no pueden volar y capacidades limitadas. Los pilotos, que antes acumulaban cerca de 100 horas de vuelo al mes, hoy apenas alcanzan 10. Lo que podríamos traducir en a menor entrenamiento, mayor riesgo.
Y aquí aparece una de las verdades más incómodas: la desfinanciación real. El Ejército ha solicitado alrededor de $22 billones para operar, pero ha recibido cerca de $12 billones. La Policía, por su parte, ha requerido $23 billones y ha recibido aproximadamente $14 billones. Es decir, las Fuerzas están operando con casi la mitad de los recursos que necesitan.
Sí, el presupuesto de defensa ha crecido en cifras generales. Pero cerca del 80% se va en gastos de personal, dejando muy poco margen para mantenimiento, tecnología, operación y capacidad real en el territorio. Y a esto se suman recortes en rubros clave como el combustible, lo que reduce operaciones, limita entrenamientos y debilita la capacidad de respuesta.
El resultado es evidente: más limitaciones, menos operación y más exposición al riesgo.
Y mientras tanto, el contexto de seguridad no da tregua. Disidencias, narcotráfico, extorsión y criminalidad siguen creciendo en varias regiones del país. Es decir, más amenazas, pero menos herramientas para enfrentarlas.
En medio de todo esto, hombres y mujeres siguen saliendo a cumplir su deber. Ellos saben que su labor implica riesgos. Pero hay una diferencia enorme entre asumir los riesgos del servicio y enfrentar riesgos derivados de la falta de garantías.
Hoy, ser policía o soldado no solo implica enfrentar al enemigo, sino hacerlo con limitaciones que no deberían existir. Y eso es lo verdaderamente grave.
Porque cuando el Estado no garantiza las condiciones mínimas, quienes deberían ser protegidos terminan expuestos. Y quienes siempre han sido héroes, empiezan a convertirse en blancos. No podemos normalizarlo. No podemos aceptar que proteger a Colombia implique hacerlo sin respaldo suficiente. Un país que no cuida a quienes lo defienden, empieza a perder su capacidad de defenderse.
Y este es un reproche que para nada se trata de ideologías, se trata de vidas.
